La factura fiscal de la era Sánchez: cada ciudadano paga hoy 4.000 euros más en impuestos que en 2018

abc.es

Un informe a partir de datos oficiales que maneja el PP estima en 11.000 euros la aportación anual por habitante que necesita la actual maquinaria del Estado para funcionar, un 58% más que cuando gobernaba Rajoy

La aportación anual en impuestos y cotizaciones que cada ciudadano hace al erario público para sostener la maquinaria del Estado y sus principales funciones, como el pago de pensiones, se ha incrementado en nada menos que 4.000 euros durante los ocho años largos de gobierno de la era Sánchez. Mientras que en el año 2018 la carga fiscal por habitante necesaria para mantener el funcionamiento de los bienes y prestaciones públicas no llegaba a los 7.000 euros al año (6.926 euros, por ser concreto), si la evolución de la recaudación continúa de aquí a final de año al mismo ritmo que ha mostrado hasta ahora al cierre de 2026 se habrá disparado por encima de los 11.000 euros, un 58% más que antes de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de La Moncloa.

El cálculo, elaborado a partir de los datos oficiales que publican la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y que forma parte de la información sobre el sistema fiscal que maneja el PP, aterriza el impacto que ha tenido en los ciudadanos el incremento de la recaudación registrado en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, que por una parte ha aumentado la disponibilidad de recursos que ha tenido el Ejecutivo para gobernar pero, por otro, también ha exigido un mayor esfuerzo a los ciudadanos a través del pago de impuestos y cotizaciones.

Los datos a los que ha tenido acceso ABC revelan que mientras el coste de la vida -uno de los factores que puede explicar el aumento de la recaudación- se ha encarecido un 28% y la población -otro factor que también tira hacia arriba de manera natural de los ingresos por impuestos- lo ha hecho un 6,6% en el periodo 2018-2026, los ingresos por impuestos y cotizaciones lo han hecho más de un 70%, incluso descontando el efecto de las rebajas fiscales a la luz, el gas y el carburante para amortiguar el impacto sobre los ciudadanos de la subida de los precios energéticos. Pese a su importe millonario, que ha detraído en términos acumulados cerca de 10.000 millones a la recaudación, solo se han destinado a este alivio fiscal uno de cada tres euros extra generados por el IVA, cuya recaudación se ha disparado a lomos de la inflación.

El incremento de la carga fiscal sobre los salarios ha sido uno de los aspectos más controvertidos de esta estrategia fiscal. Los datos de la Agencia Tributaria revelan que el tipo efectivo de IRPF que se aplica sobre las nóminas se ha incrementado en 3,3 puntos, el mayor repunte de toda la serie histórica, en un contexto en que los salarios reales no han subido y en que la negativa del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF ha generado un incremento objetivo del 20% en la carga fiscal que soportan las rentas del trabajo. La estrategia le ha servido al Ejecutivo para disparar la recaudación por IRPF hasta niveles nunca vistos y para meter en caja 120.000 millones de euros, 13.000 euros más que el año pasado y el doble de lo que se recaudaba en 2018.

La factura media que pasa el Impuesto sobre la Renta a cada ciudadano roza ya los 3.000 euros y la prueba de que la estrategia gubernamental para obtener más recursos fiscales ha recaído de forma especial sobre las nóminas es que mientras este impuesto en 2018 suponía el 42% de los ingresos totales que recaudaba la Agencia Tributaria ahora significa ya el 47,5%. En este periodo el porcentaje medio que Hacienda se queda del salario de los españoles vía retención ha pasado de ser del 15,3% a significar el 17,5% y el que se queda de las pensiones ha saltado aún más, de apenas el 7,6% (hay que recordar que hay millones de pensiones que apenas tienen retención) al 10,4%, al calor de su actualización conforme al IPC, que es oportuno recordar que no ha incrementado el poder de compra de las pensiones sino mantenerlo. La deriva ha provocado una situación sin precedentes y es que el tipo fiscal medio que los hogares pagan por sus rentas del trabajo ha superado el tipo fiscal medio del IVA (15,1%). Los españoles pagan ya más impuestos por ganar un salario que por gastarlo.

El otro vector de esta estrategia para exprimir fiscalmente los sueldos han sido las cotizaciones sociales. La subida de las bases máximas de cotización y la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional, que está exigiendo un esfuerzo transitorio a los trabajadores para financiar la jubilación de la generación del baby boom, ha permitido que la recaudación por este concepto se dispare también a niveles históricos. Entre enero y septiembre de este año la Seguridad Social ha ingresado 142.004 millones por esta vía, 9.919 millones más que en 2025 (+7,5%) y un 65,4% más que en 2018. En ese mismo periodo el número de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social se ha incrementado un 19%, por ilustrar el mayor esfuerzo que se está exigiendo a cada cotizante.

El Ministerio de Hacienda asegura que esta mejora de la recaudación no se ha producido únicamente por la inflación, o por un incremento desmesurado de la presión fiscal sino también por lo que denominan como un «ensanchamiento de las bases». Lo explican porque se han incorporado más contribuyentes por la mejora del empleo y también por la masiva llegada de nueva población inmigrante en los últimos tres o cuatro años, y también porque habría mejorado el cumplimiento voluntario, o en otras palabras, que habría menos fraude fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, insistió este pasado viernes, en la clausura del Congreso del Reaf, que esos factores son los que explicarían que los ingresos fiscales hayan venido creciendo más que el PIB nominal, cuando en una situación de total normalidad ambas magnitudes deberían ir a la par.

El caso es que el caudal sin precedentes de ingresos fiscales que el Gobierno ha obtenido de los españoles por una vía o por la otra ha llevado a que la recaudación diaria se dispare hasta los 1.430 millones de euros, cuando en 2018 ese potencial de generación diaria ni siquiera llegaba a los 850 millones. Con la capacidad de generación de ingresos actual el Gobierno solo hubiera necesitado los recursos producidos en 48 horas para cerrar el déficit en inversiones para el mantenimiento de la red ferroviaria, según la estimación efectuada por el Instituto de Estudios Económicos.