El Gobierno se replantea el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas tras las quejas de Repsol y Endesa
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El Gobierno se replantea el impuesto creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios de las energéticas por el incremento de los precios de la energía. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura”, ha comentado a la agencia EFE la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Desde Dubái, donde participa en la COP28, Ribera ha destacado que “ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, lo que abre la puerta a favorecer las grandes inversiones “verdes” por parte del sector privado.
La responsable de Transición Ecológica ha hecho un guiño a las empresas del sector al destacar que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”.
En ese sentido, Ribera ha asegurado que el Gobierno está analizando “cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”. En este aspecto, confía en encontrar un balance “justo” respecto al “reparto de beneficios y costes”. “Si hay un incremento importante de los beneficios de las ganancias eso requiere una reacción”, ha afirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno. En ese sentido, los comentarios de Ribera no se apartan del acuerdo de legislatura entre las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”, reza el texto firmado a finales de octubre.
Este cambio de postura del Ejecutivo llega después de que grandes energéticas como Repsol amenazaran con llevarse inversiones fuera del país. Concretamente, la compañía dirigida por Antonio Brufau amagó la semana pasada con trasladar inversiones relacionadas a hidrógeno por valor de 1.500 millones a Francia y Portugal, por la “inestabilidad” fiscal de España. “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones en nuestros proyectos industriales en España. Así que, antes de tomar una nueva decisión final de inversión para cualquier inversión en el país, analizaremos si las condiciones requeridas son estables y son suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de esos proyectos”, había sentenciado el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz, en su llamada con inversores a mediados de octubre.
Sin embargo, Repsol no fue la única firma en hacer públicas sus quejas. Las seis mayores petroleras en el país, incluida Repsol, advirtieron a comienzos de noviembre que el gravamen extraordinario condiciona “la capacidad de generar nuevas inversiones”. Incluso, la patronal llegó a cifrar en 16.500 millones las inversiones que podrían pausarse o paralizarse en caso de que la propuesta del PSOE y Sumar de mantener el gravamen se haga realidad.
Por su parte, Iberdrola lleva desde mediados de año reclamando por un marco regulatorio estable. “Pagamos más impuestos que el beneficio que tenemos. Las energéticas no solo pagamos impuestos sociales, pagamos también muchísimos otros. Tenemos que tener cuidado con convertir la transacción energética en una caja recaudadora”, comentó Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola en España, en el 45 aniversario de Cinco Días.
Endesa fue una de las pocas grandes del sector en acertar en su mirada al futuro. La energética daba por hecho en la presentación de su nuevo plan estratégico que los tributos extraordinarios a las energéticas no se iban a mantener más allá de 2024. Jose Bogas, consejero delegado de Endesa, había adelantado que “está absolutamente claro que si queremos invertir la enorme cantidad de dinero que se necesita (..) necesitamos cash. Y en nuestra opinión no tiene sentido pagar esto”, en relación a los impuestos en discusión.
Por su parte, el mercado descontaba que el Gobierno extendería el gravamen. En una nota, el gigante estadounidense Goldman Sachs estimaba que el Gobierno buscaría prolongar el impuesto sobre la banca y energéticas con el fin de mantener la senda de consolidación fiscal.
En el frente político, las palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno llegan poco después de que el PNV expusiera sus críticas a cualquier intento por mantener el impuesto sobre las energéticas. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, se pronunció directamente sobre esta cuestión en una entrevista en El Correo: “Lo que está claro es que tal y como está ese gravamen es una mercancía averiada”.