El impuesto al plástico asfixia a la industria: las empresas pagan un 45% más de lo previsto por el Gobierno mientras los países de la UE lo aplazan

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El impuesto al plástico está asfixiando a la industria española, obligada a abonar cientos de millones de euros por un tributo que sólo se aplica en nuestro país dentro de la Unión Europea. El Gobierno, ignorando las advertencias del tejido empresarial patrio y pese a la grave crisis de inflación, decidió llevar la delantera con este conflictivo tributo que entró en vigor en enero de 2023 y que nuestros principales competidores a nivel europeo han ido aplazando en sus planes presupuestarios en los últimos años, precisamente, para no dañar a la industria en un momento económico delicado tras la pandemia y las sucesivas crisis energética y de precios de las materias primas.

La figura impositiva -el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, en su denominación técnica-, que grava con 0,45 euros el kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso, insufló a las arcas públicas un total de 663 millones de euros en 2023. Una cantidad considerable si se tiene en cuenta que Hacienda había calculado que la recaudación por este tributo se quedaría en 456 millones de euros durante su primer año de vigencia, tal y como informó el Gobierno a Bruselas en el Plan Presupuestario para 2024 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de octubre, antes de abandonar la misión de intentar sacar adelante unos PGE para este año.

De modo que, de acuerdo con los datos más recientes de la Agencia Tributaria, las empresas afectadas por el impuesto abonaron el año pasado una cantidad un 45% superior a la prevista. O lo que es lo mismo, Hacienda ingresó unos 200 millones de euros más de lo que había calculado inicialmente por este concepto. De hecho, tal ha sido el ritmo recaudatorio de este tributo que, gracias al dinero ingresado por esta figura, la recaudación de impuestos especiales creció en 2023 un 2,6% respecto al ejercicio previo, mientras hubiera caído un 0,3% (unos 58 millones de euros) si el impuesto al plástico no hubiera existido, tal y como reconoce la propia Agencia Tributaria en el último informe sobre impuestos especiales.

Ante esta carga impositiva, superior incluso a la que el Gobierno les había trasladado en previsiones, los sectores industriales directamente afectados por el impuesto vuelven a dar la voz de alarma ante la pérdida de competitividad de las empresas españolas, ya que ninguno de los socios europeos ha activado la figura. A principios de este año, Alemania comunicó su decisión de posponer la implementación de un impuesto al plástico para fabricantes e importadores hasta el 1 de enero de 2025. Y hace apenas una semana, Italia, que originalmente había aprobado una legislación para imponer un impuesto a los envases de un solo uso en el año fiscal 2020, anunció que aplaza la medida por séptima vez, otros dos años, hasta el 1 de julio de 2026.

BARRERAS ADMINISTRATIVAS

La industria alimentaria, que es uno de los sectores más afectados, lleva meses reiterando la importancia de hacer compatible la sostenibilidad con la competitividad de las compañías del sector y denunciando no sólo el fondo, sino también la forma. «Este impuesto es recaudatorio y muy perjudicial para las empresas en lo económico y por sus dificultades para su aplicación por parte de las compañías», advierten desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). Y es que no sólo desde el ámbito patronal, sino también desde agrupaciones profesionales como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) han llegado incluso a denunciar el impuesto ante la Comisión Europea al considerar que impone barreras administrativas que podrían afectar a las adquisiciones intracomunitarias y vulnerar el propio tratado fundacional de la UE.

«Este 2024 será el segundo año consecutivo en el que España aplica de forma solitaria entre sus socios de la Unión Europa el impuesto al plástico. Obviamente, ello implica que los sectores más afectados, como la alimentación, pierdan competitividad, en primer lugar, por el impacto económico del impuesto, que claramente se ha reflejado en las cifras de recaudación proporcionadas por la Agencia Tributaria, y en segundo lugar, por el nivel de recursos que deben invertir las empresas en el cumplimiento de las obligaciones formales, nada simples de gestionar para los contribuyentes», incide Sonia Álvarez, directora del área fiscal de Ayming España. A modo de ejemplo, para explicar esta complejidad, ahonda en que «al depender la base imponible del impuesto de información que deben proporcionar muchos proveedores de empresas españolas ubicados, precisamente, en países europeos donde esta obligación es inexistente, la gestión del impuesto se complica enormemente».

Desde hace más de un año, cuando arrancaron las primeras liquidaciones del impuesto, el Ministerio de Hacienda es conocedor del quebradero de cabeza que supone esta figura tributaria para las empresas, a la hora, por ejemplo, de determinar la cantidad de plástico no reutilizable, que es una de las principales dificultades, entre otras muchas trabas. La Dirección General de Tributos, de hecho, ha recibido cientos de consultas al respecto, pero las respuestas vinculantes de la Agencia Tributaria no han despejado las dudas de los departamentos jurídicos de las compañías. Hasta tal punto que el 90% de las empresas afirman no comprender el funcionamiento del impuesto y creen necesaria una reforma legislativa, según una encuesta reciente elaborada por Ayming España en colaboración con el Centro Español de Plásticos.