¿Qué supone para el resto de España el pacto del PSC con ERC para que Cataluña gestione sus impuestos?
www.antena3.com
Los independentistas catalanes pedían algo a cambio para que Salvador Illa (Partido Socialista Catalán), pudiese llegar a gobernar la Generalitat. Y finalmente lo han conseguido: a cambio de que el socialista sea presidente, ERC ha conseguido que Cataluña salga del régimen común, es decir, el Gobierno catalán recaudará el 100% de sus impuestos.
ERC exigía la «soberanía fiscal», como en el País Vasco y Navarra: «Hablamos de soberanía fiscal, de tener la llave de la caja, de recaudar el 100% de los impuestos», alegaba la portavoz del partido, Raquel Sans.
Así funciona el sistema de financiación en España
La media de la financiación que se recibe es de 2.963 euros por habitante y debajo de esta cifra se sitúan la Comunidad Valenciana (2.730 euros per cápita), Andalucía (2.793 euros) y Castilla-La Mancha (2.814 euros). Por encima comunidades como Baleares (3.397 euros por habitante), La Rioja (3.340 euros), Extremadura (3.286 euros), Canarias (3.174 euros) y Castilla y León (3.150 euros).
España cuenta con dos sistemas de financiación: el régimen foral (es el que está en el País Vasco y Navarra) y el régimen común (está en el resto de las comunidades, excepto Canarias, Ceuta y Melilla que lo tienen pero con particularidades).
La financiación autonómica consiste en la distribución de los ingresos tributarios entre todas las comunidades. Está formada por una hucha que se llena con el conjunto de impuestos pagados por los ciudadanos. El reparto de esta financiación es lo que genera controversia, ya que no es igual para todo.
El dinero que se da a las autonomías es calculado con el Fondo de Garantía que compensan a las comunidades que más dificultades tienen para ofrecer servicios de calidad y para conocer las necesidades de cada territorio se tienen en cuenta siete variables donde se determina. Existe otro fondo llamado Suficiencia y Convergencia que sirve como recursos para corregir desequilibrios territoriales (su función es asegurar que las necesidades de financiación de cada comunidad se cubren cada año).
Un informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada de 2012 mostraba que la diferencia entre regiones que reciben mejor financiación y las peores es de casi 730 euros por persona. Una brecha que va desde Cantabria con 3.417 euros por habitante y Murcia en la última posición con 2.691 euros.
¿Por qué afecta al resto de España?
Madrid, Cataluña y Baleares: son las únicas que aportan dinero a una «caja de solidaridad». La Comunidad de Madrid aporta 6.000 millones, Cataluña 2.000 millones y Baleares 300 millones. Las demás autonomías lo reciben. Si Cataluña se borra de esa lista: habría un 24% menos de dinero para repartir de la caja común. Sería el fin de la solidaridad entre comunidades. Supondría que, algunas regiones reciban menos recursos. El Gobierno asegura que esa caja de solidaridad se va a mantener pero no explica cómo.
País Vasco y Navarra tienen su propio modelo de financiación, pagan sus propios impuestos gracias al régimen foral. La propuesta catalana que ha aceptado Illa a cambio de ser president es parecida: que Cataluña recaude la totalidad de los impuestos y se haga cargo del coste de los servicios. Añade otra cuantía para «contribuir a la cobertura de los servicios públicos a las comunidades con menor capacidad fiscal y así garantizar el principio de equidad horizontal».
Con este sistema, Cataluña recaudaría y gestionaría todos los impuestos y no solo el 9% actual. Esto implicaría que de los poco más de 25.600 millones recaudados en 2021, la Generalitat podría ingresar hasta casi 52.000 millones, según sus previsiones.
Para que esto se ponga en marcha se requieren las reformas de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de la norma que regula la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de la ley de cesión de tributos.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha criticado y rechazado el modelo catalán ya que consideran que es inconstitucional, rompe con los principios de solidaridad y dejaría a Cataluña en una situación de privilegio respecto al resto. De hecho, el resto de comunidades se verían afectadas porque si hay menos dinero que repartir, llegara menos dinero a cada una de ellas y, por tanto, sus servicios se verían perjudicados.