Lo que trae la ley de residuos: armonización y tasas municipales
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La Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular entró en vigor el pasado 10 de abril. Esta norma, que traspone dos directivas europeas, persigue regular los residuos de una manera integral y fortalecer su recogida en forma separada, sobre todo la de los domésticos.
En su articulado hay dos novedades tributarias que empezarán a funcionar en enero de 2023. La primera es la creación de un impuesto a los envases no reutilizables o de un solo uso. Este nuevo impuesto, que recae fundamentalmente en los fabricantes, ha sido ampliamente difundido y muy criticado por la industria alimentaria en especial.
El segundo tributo es menos conocido y, aunque es más técnico, tiene su importancia de cara a la eliminación de la basura. Se trata del impuesto a los depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración de residuos. El sujeto pasivo es quien realiza la entrega, pero se establece “un sustituto del contribuyente” que serán los gestores de los vertederos y las instalaciones de incineración.
El tributo, de carácter estatal, sustituye a todos los aprobados en materia de depósito de residuos por la mayoría de las comunidades autónomas. “En el sentido de que supone una armonización y termina con la disparidad de gravámenes autonómicos nos parece fabuloso”, declara Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER).
A su juicio, se termina así con el denominado “turismo de residuos”, el que se produce de una comunidad a otra con tipos más bajos o donde no hay tributo al respecto. Sin embargo, “todo se estropea cuando la ley establece que cada autonomía podrá incrementar los tipos de este impuesto. Con esto, se han cargado la armonización”, señala García-Franco.
Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del Reaf-Consejo General de Economistas, explica que el nuevo tributo es estatal, “pero cede su gestión a las autonomías y el Estado se hará cargo en el territorio de aquella que no la quiera”. De momento, la única que se ha brindado a gestionarlo es la Comunidad Valenciana.
Tasas
Otra novedad de la ley de residuos es que fija un plazo de tres años para que los ayuntamientos cuenten con una tasa diferenciada que cubra los gastos de recogida, transporte y tratamiento de sus residuos.
La directora general de la FER ve con buenos ojos esta medida, ya que “se trata de diferenciar claramente lo que cuesta esta gestión en los municipios. El usuario tiene que saber que tiene un coste concreto y cuál es”.
La introducción de la palabra diferenciada en la ley es importante, pues la mayoría de los ciudadanos abonan a sus ayuntamientos estos costes a través de impuestos como el IBI, que tiene otra razón de ser completamente distinta a la gestión de la basura, o de otras tasas no específicas.