Las rentas altas ahorrarán 60 euros con la rebaja fiscal a los alimentos, el triple que las más pobres

cincodias.elpais.com

Cada hogar de España ahorrará en sus compras una media de 32,4 euros durante el medio año en el que estará vigente la rebaja fiscal en los alimentos anunciada en diciembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unos cinco euros de alivio al mes. Ahora bien, las diferencias serán muy notables entre unos consumidores y otros. Las familias con menores rentas, que ingresan hasta 16.800 euros al año, dejarán de pagar 22,4 euros durante este tiempo, mientras que las más ricas, a partir de los 215.900 euros anuales, ahorrarán 60,7 euros.

Los datos han sido recopilados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha presentado este viernes el documento Efectos recaudatorios y distributivos de la reducción de los tipos del IVA a determinados productos de alimentación. El análisis, elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín González y Jorge Onrubia, concluye que la rebaja fiscal es una medida regresiva sobre el nivel de gasto, pero ligeramente progresiva sobre los ingresos medios de los hogares.

Es decir, aunque los consumidores de mayores ingresos ahorren más cantidad de dinero, el alivio sobre las rentas será mayor en las clases bajas y medias. En concreto, el grupo de hogares más pobres tendrá gracias a la reforma un ahorro del 0,22% sobre su renta bruta, que será 10 veces menor, del 0,02%, en el grupo más acaudalado. El ahorro impositivo agregado medio representará por su parte un 0,07% de la renta bruta de los hogares residentes.

Por tipología de hogar, los más favorecidos por la rebaja impositiva, siempre en relación con su renta bruta, son los integrados o sustentados por mayores de 65 años, así como los perceptores de transferencias de otros hogares y subsidios.

España grava tradicionalmente al 4% los alimentos básicos, un grupo conformado por panes, harinas, lácteos, huevos, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. Son estos los que pasarán a tributar al 0% durante medio año, a menos que la inflación subyacente, a día de hoy en el 7% anual, baje del 5,5%. A la reforma fiscal temporal sobre los alimentos se le une la bajada impositiva a los aceites y pastas, que pasarán a tener un IVA del 5% desde el 10% inicial.

Los tres investigadores de Fedea señalan que aunque es cierto que la reducción de los tipos reducido y superreducido favorecerá más en términos relativos a las personas y hogares con menos renta, su coste es «innecesariamente elevado», porque en términos absolutos, la reducción beneficia más a las personas y hogares con rentas elevadas, que seguramente, «no necesitan esa ayuda».

El coste total de la reforma durante los seis meses de duración es, en términos de pérdida de recaudación, de unos 700 millones de euros. Estos se reparten a partes iguales entre el 60% de hogares con menos renta y el 40% con renta más elevada (superiores a los 43.395 euros brutos al año).

Los tres expertos sostienen que aunque la rebaja de tipos tenga una finalidad redistributiva también puede suponer «un elevado coste de eficiencia, ya que, al abaratar el precio de determinados bienes y servicios, se encarece relativamente el precio de otros no beneficiados por la rebaja». Además, insisten en que el impacto real de la rebaja sobre los precios pagados por los consumidores dependerá del grado efectivo de traslación, «determinado por las elasticidades y el precio de oferta y demanda del bien afectado y por las elasticidades cruzadas con el resto de bienes y factores productivos». No puede descartarse, por tanto, que al menos en parte «la reducción acabe trasladándose a una mejora de los márgenes empresariales».

Por todo ello, los investigadores creen que «seguramente» habría sido «más equitativo, eficiente, efectivo y barato» actuar a través de ayudas directas a las personas de bajos ingresos, como se hace con la ayuda directa de 200 euros aprobada por el Gobierno para aliviar a unos 4,2 millones de hogares, aquellos con rentas inferiores a los 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a los 75.000 euros.