Desde 2015 se ha impuesto multas por 2.415 millones de euros a personas jurídicas por responsabilidad penal

Thomson Reuters y Vegas Nieto Abogados Corporate Compliance organizaron el pasado 16 de octubre una jornada formativa de máxima actualidad donde se trataron cuestiones prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance.

Se contó con la presencia de Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, e Ignacio Vegas Nieto, director fundador del Bufete Vegas Nieto Abogados. Velasco puso en común los retos y exigencias a los que se enfrentan los especialistas del Compliance. Bajo el título Cuestiones Prácticas sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance, abordó:

• Fundamento de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
• Niveles de responsabilidad penal del Art. 31 bis 1 del Código Penal.
• Diferencias entre los dos niveles de responsabilidad.
• El papel de los socios.
• Implantación con eficacia de los modelos de Compliance del Art. 31 bis 5 del Código Penal.
• Modelos de organización y gestión del Compliance: más allá de los códigos éticos.

Velasco destacó que, según una estadística de 2015 a 2019, se han localizado 51 sentencias, casi todas condenatorias, sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en las AP, AN y los TSJ. 23 son por delitos contra la Hacienda Pública, estafa en 9 casos, 3 condenas por blanqueo de capitales, delito ecológico, delito de contrabando, delito urbanístico, insolvencia punible. 2.415 millones de euros se han recaudado por las multas a personas jurídicas.

Por su parte, Ignacio Vegas Nieto trató La Responsabilidad personal de los Administradores frente a los Socios por la no Implantación del Compliance:

• Situación actual de las acciones de responsabilidad a que puedan estar sometidos los administradores por los socios.
• Especificidades de estas acciones anteriores en relación con el Compliance.
• Obligatoriedad formal o jurídica del Compliance en las empresas.
• Aseguramiento contractual de la responsabilidad civil de los administradores.

A juicio de Vegas Nieto, dos sentencias de 2018 del TS dicen respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que «una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento penal que garanticen este tipo de hechos y que no se cometan o dificulten su comisión».