El Consejo de Ministros aprobará mañana los Presupuestos de 2023

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El Gobierno espera aprobar este martes, con un 90% de probabilidades, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aunque los socios del Ejecutivo siguen negociando algunos «flecos», especialmente los de carácter social pertenecientes al ministerio de Ione Belarra, según fuentes de Hacienda.

Se siguen ultimando detalles, aunque todo indica que las diferencias son reducidas, por lo que a lo largo de esta tarde podría plasmarse el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, tras semanas de negociaciones, con el objetivo de consolidar el crecimiento de la Economía y la creación de empleo, en medio de una coyuntura adversa generada por la guerra en Ucrania y sus efectos derivados en matería energética y de precios.

Medidas fiscales

La semana pasada se conocieron las medidas fiscales más relevantes que acompañarán a los Presupuestos. Destaca la rebaja del IRPF para las rentas del trabajo por debajo de 21.000 euros. También se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más.

Asimismo, las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF, mientras que en el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.

También en este impuesto, se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.

El paquete fiscal también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros.

Igualmente, en este tributo se limitará al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a 3.609 grandes empresas y tendrá un carácter temporal.

Tras su aprobación en Consejo de Ministros, lo previsible es que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, las lleve la próxima semana ante el Congreso de los Diputados, con el propósito de que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero entre en vigor.

Funcionarios y pensiones

Otro de los escollos de la negociación reside en el destino de una partida del gasto dirigido a Defensa, con el objetivo de alcanzar a medio plazo que este partida alcance el 2% del PIB, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno en la pasada cumbre de la OTAN.

Esta tarde casi con toda seguridad se plasmará un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública para que el salario de los funcionarios aumente a lo largo de los próximos dos años, tras el aumento de remuneración de este ejercicio. La última propuesta conocida el pasado jueves, cifraba en el 9,5% el incremento entre 2022 y 2024, incluido el aumento del 2% recibido en este ejercicio.

Otro importante incremento de la partida de gasto vendrá por la vía de las pensiones. El compromiso adquirido por el Gobierno sería su actualización en función de la inflación, empleándose como habitualmente la tasa interanual registrada en noviembre, que según los analista podría oscilar entre el 7% y el 9%.

Todo esto teniendo en cuenta que, al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero para 2023, conocido como ‘techo de gasto’, que asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al de 2022, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado.