Malestar entre los fiscales por la carga de trabajo a que les obliga la LECrim

Acusan de «desconocimiento» a Madrigal por pedirles que califiquen de complejas o no 25 causas a la semana.

La Unin Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado la «situacin crtica» y el malestar existente en la Carrera por la carga de trabajo extra que tendrn los fiscales para tener a tiempo el prximo 6 de junio la clasificacin de las causas entre complejas o no para dar cumplimiento a los plazos de investigacin a que obliga la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

La queja se hace pblica tras la recepcin ayer de los Oficios procedentes de la Inspeccin Fiscal y la Unidad de Apoyo en relacin con el plan de control de las causas en tramitacin en los juzgados a los efectos del artculo 324 de la LECrim, que a juicio de esta asociacin «ha precipitado una corriente de frustracin y rechazo al programa de actuacin que tales oficios recogen».

Aducen que la previsin de que sean revisadas semanalmente al menos 25 causas por juzgado revela «el lamentable desconocimiento de la Fiscala General de la organizacin del trabajo en las distintas Fiscalas por cuanto(…) los fiscales debern seguir atendiendo sus servicios de guardias, sealamientos ante los juzgados de Instruccin, de lo Penal y Audiencia Provincial, vistas civiles y dems servicios presenciales. Califican esta exigencia de «peonada».

Ello, aseguran la UPF, deja escasos das al mes para el despacho ordinario de papel «que, con mucha frecuencia, termina siendo tramitado por los compaeros fuera de las horas de audiencia».

Insisten en que los planes de la Fiscala General del Estado para el control de los procedimientos han causado un profundo malestar en la carrera y no solo en buena parte de la plantilla «sino tambin entre aqullos que desde Fortuny -calle de Madrid donde se sita la sede de la Fiscala General-, denominan mandos intermedios y, cmo no, tambin en algunas jefaturas».

Se precisa colaboracin de juzgados

Asimismo, recuerdan a los firmantes de los citados Oficios que desconocen la posibilidad de que los juzgados no se avengan a remitir la causa al fiscal para su examen en el mismo momento en que ste la solicite para cumplimentar unas exigencias de control meramente internas.

Por ello, UPF dice tener la sensacin que desde la Fiscala General «no se percibe la realidad diaria de la misma manera a como se hace en cada una de las sedes de la Fiscala del resto de Espaa».

«Parece tambin que desde hace tiempo se ha roto alguna conexin y no hay sensibilidad ni conocimiento de la autntica carga de trabajo y sentir de los fiscales», agregan, para subrayar que, «estoicamente» han venido soportando un aumento de funciones y tienen la percepcin de que «en todas las reformas legislativas el fiscal es el comodn del legislador para acudir presto a cuanta diligencia judicial fuera llamado».

Por ello, explican que la presencia fsica del fiscal para atender distintos servicios y la creciente demanda de su intervencin ha modificado sustancialmente su trabajo.

Presencia meditica

«Nuestra presencia meditica ha aumentado y las exigencias de responsabilidad tambin», aaden los fiscales, significando que ello les «prestigia» pero tambin les exige.

«Por eso necesitamos parar. No se nos puede pedir cada vez ms y pretender que sostengamos a la institucin con nuestro esfuerzo personal y voluntarista», lamentan.

«En lugar de crecer en nuestra autonoma como profesionales, se nos trata como escolares, implantando un sistema de peonadas que no confa en nosotros, que nos exige ms all de lo que seran nuestras obligaciones legales y cuyo sentido parece que no es otro que dar justificacin al Ministerio de los ms que exiguos medios de apoyo previstos», concluyen.

Por ello la UPF dice sentirse «defraudada» por «la complicidad de la fiscal General con el ministro de Justicia» y concluyen que son «un barco sin rumbo y sin capitn, a la deriva de las decisiones de un Ministerio de Justicia que nos utiliza a coste cero para llevar a trmino una reforma que ya desde el informe del Consejo Fiscal del anteproyecto de ley era rechazada por la institucin».