José María Medina, inspector de Hacienda: «Se pueden bajar los impuestos, pero también es posible bajar el gasto público»
elespanol.com
La cuestión de la fiscalidad vuelve a situarse entre los temas más debatidos de la economía española.
En un escenario condicionado por el encarecimiento de los precios, el progresivo envejecimiento demográfico y las exigencias de las finanzas públicas, José María Medina, inspector de Hacienda, sostiene una postura que genera controversia: es viable bajar los impuestos, pero solo si la medida la acompaña una reducción del gasto público.
Conocido como ‘Chema’ Medina, este funcionario trabaja en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, donde desempeña funciones técnicas relacionadas con la elaboración de normativa fiscal y la resolución de consultas en materia tributaria.
Su perfil se aleja del inspector tradicional asociado a inspecciones o sanciones y está más ligado al análisis jurídico y fiscal.
Desde esa perspectiva, Medina sostiene que el debate fiscal no puede centrarse únicamente en cuánto se recauda, sino también en cómo y en qué se gasta.
«Yo creo que se pueden bajar mucho los impuestos, pero que también se puede bajar mucho el nivel de gasto público«, afirmaba el trabajador en el podcast Venice Club al host Alejandro Timoneda.
Su planteamiento se apoya en el llamado principio de subsidiariedad, una idea vinculada a la doctrina social católica según la cual el Estado no debería asumir funciones que puedan desarrollar de forma eficiente los ciudadanos o el sector privado.
«Que el Estado no asuma funciones que puede desarrollar el sector privado y, por consiguiente, tampoco exija una financiación de esos gastos públicos que no tienes que realizar», explica.
Las declaraciones llegan en un momento en el que España mantiene un modelo de Estado de bienestar comparable al de otros países europeos. El gasto público ronda el 45% del PIB y se concentra principalmente en pensiones, sanidad, educación y prestaciones sociales.
A ello se suma el peso de la deuda pública, cercana al 100% del PIB, que obliga a destinar miles de millones de euros cada año al pago de intereses.
Para sostener esa estructura, la presión fiscal se sitúa entre el 38% y el 39% del PIB. Aunque sigue ligeramente por debajo de la media de la Eurozona, el incremento de la recaudación en la última década ha reabierto el debate sobre si el sistema impositivo está alcanzando niveles excesivos.
Medina cree que algunos tributos pueden generar efectos desincentivadores. En particular, critica los tipos marginales más elevados del IRPF.
«A mí también me parece completamente excesivo que haya un tipo marginal que supera el 50%«, señala, dejando claro que se trata de una opinión personal.
A su juicio, ese nivel de tributación puede alterar decisiones económicas y laborales de los contribuyentes. «Desincentiva y tiene elementos distorsionadores en decisiones como elegir entre ocio y trabajo», añade.
No obstante, el inspector reconoce que existe una contradicción evidente en la sociedad actual. «Vivimos en una sociedad que quiere gasto público, que demanda más servicios públicos y más de calidad, y eso hay que pagarlo«, afirma.
Es decir, cualquier reducción significativa de impuestos obligaría inevitablemente a revisar el tamaño y alcance de determinados servicios financiados por el Estado.
Por ello, insiste en que el verdadero debate debe centrarse en la eficiencia del gasto. «Hay mucho gasto público que a lo mejor es ineficiente o habría que revisar muchas cosas», sostiene.
En su opinión, determinadas actividades que hoy financia la administración podrían gestionarse desde el sector privado sin necesidad de mantener la misma carga fiscal.