El Impuesto de Patrimonio reduce sus declarantes por primera vez en su historia
eleconomista.es
El Impuesto de Patrimonio pierde declarantes por primera vez en su historia. Hasta 1.002 personas dejaron de presentar la declaración en 2023, según las últimas estadísticas de la tasa publicadas por la Agencia Tributaria. Concretamente, los declarantes de este impuesto pasaron de 231.367 personas en 2021 a 230.365, en 2022.
Cabe recordar que este impuesto grava las fortunas por encima de los dos millones de euros desde 2011. La tasa no existía en los tres años previos (2008 a 2010), mientras que la que había antes de 2007 gravaba la riqueza a partir de los 601.000 euros, por lo que no es comparable.
La bajada de declarantes por este impuesto coincide con dos importantes hitos en materia de fiscalidad. De un lado, la Junta de Andalucía, tras la llegada del PP, anunció en septiembre de 2022 una bonificación del 100% del gravamen en la Comunidad. Es decir, se dejaba de pagar. El Gobierno reaccionó a la defensiva y anunció la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas para que todos aquellos con una riqueza por encima a los 3,5 millones de euros y que no pagaran en las CCAA en las que residían porque el impuesto estaba bonificado, pagaran directamente al Estado central por la tenencia de su riqueza.
A pesar de que Andalucía bonificó el impuesto, los contribuyentes sí que tienen que hacer la declaración si superan los 2 millones, aunque la cuota a pagar sea de cero. Los distintos expertos en fiscalidad consultados por este diario señalan que, aunque es difícil pronosticar a qué se debe la bajada de declarantes a nivel nacional, la opción más plausible es que muchos contribuyentes a los que le saliera una cuota a pagar de cero euros porque en su CCAA estaba bonificado, o bien porque tuviera pérdidas o bien le saliera una cuota de una cantidad irrelevante han preferido no declarar y quitarse del foco de la Administración, coincidiendo con un momento en el que ha agudizado la persecución fiscal a los más ricos.
Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, señala a este diario que en ocasiones hay contribuyentes con cuotas muy bajas que deciden no entrar a declarar, porque una vez que lo hacen y ya no salen. «Son personas que están en el límite y deciden dejar de declarar para pasar desapercibido», explica. Asimismo, añade que las CCAA tienen medios más escasos para inspeccionar que la Agencia Tributaria estatal y no les vale la pena iniciar un procedimiento por una cuota de 200 o 300 euros.
Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal, añade que cualquier persona con un patrimonio superior a 2 millones de euros, aunque no tenga que pagar, tiene que presentar la declaración, aunque hay contribuyentes que prefieren afrontar la pertinente sanción que es tan solo de 200 euros.
Por su parte, Siro Barro, socio responsable del Departamento de Derecho Fiscal de Escalona & de Fuentes, considera que la bonificación del impuesto en Andalucía llevó efectivamente a que muchos contribuyentes que no tuvieron que pagar el impuesto prefirieran asumir la sanción por incumplir esta obligación formal a presentar la declaración.
A pesar de la desbandada de declarantes de su riqueza de 2022, el Ejecutivo mantiene a los más ricos bajo su objetivo. El presidente Pedro Sánchez ya anunció la semana pasada que subirá los impuestos a «quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas» con el objetivo de que haya más transporte público y menos «lamborghinis».
España se queda sola en la UE
España es el único país de la Unión Europea que grava la riqueza. Las distintas organizaciones de expertos en fiscalidad a nivel nacional ya han reclamado en varias ocasiones eliminar el Impuesto de Patrimonio para acoplarse a la política fiscal de la UE para evitar distorsiones económicas entre los contribuyentes y que salgan del país. En caso contrario, al menos reclaman tipos más bajos, del 1%, frente al actual del 3,5%.
La recaudación del Impuesto de Patrimonio de 2022 fue de 1.250 millones de euros, un 7,5% inferior a la del ejercicio anterior, propiciado especialmente por la bonificación que sacó adelante la Junta de Andalucía. No obstante, según avanzó la Agencia Tributaria, en 2023 los ingresos por este gravamen crecieron hasta los 1.911 millones de euros. Esta cifra récord se logró después de que tanto Andalucía como Madrid se vieran obligadas a reactivar Patrimonio puesto que los contribuyentes más ricos de su región iban a tener que pagar igual a través del impuesto a las Grandes Fortunas. Por tanto, estas regiones, junto con Galicia que tenía una bonificación parcial, eliminaron las exenciones para recaudar ellas y no el Estado el dinero.
Dinero en acciones y ‘ladrillo’
Las fortunas que residen en España mantienen la mayor parte de su riqueza invertida en acciones y en ladrillo. Los contribuyentes más ricos amasan 864.900 millones de euros, de los que 645.000 millones (75%) está en capital mobiliario que se distribuye en más de la mitad en acciones y el resto en fondos, depósitos o bonos. Otros 168.000 millones (19%) está en bienes inmuebles. Los seguros y rentas también suponen un foco relevante de inversión, donde tienen más de 15.000 millones (1,7%). Finalmente, estos contribuyentes también invierten en criptomonedas, y suman un saldo de 1.800 millones, frente a los 2.100 millones de un año antes.