Hacienda afronta el desafío de culminar la reforma fiscal y abrir el melón de la financiación autonómica

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El nuevo Ministerio de Hacienda que vuelve a dirigir María Jesús Montero tiene cuatro años más para intentar culminar la reforma fiscal que inició con cuentagotas en la pasada legislatura. El reto es mayúsculo, ya que sobre esta medida descansará buena parte del objetivo de reducción del déficit público al 3% del PIB tras casi un lustro en el que las reglas fiscales han estado congeladas para permitir a los Estados desplegar un escudo de protección sin precedentes ante las crisis sanitaria e inflacionista. Entre medias, la ahora también vicepresidenta cuarta del Gobierno tendrá que tejer los mimbres del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, obsoleto desde hace más de 10 años, además de maniobrar con la deuda que el Estado ha prometido condonar a Cataluña y al resto de regiones del país. El objetivo lo resumió el recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada en el Congreso de los Diputados: doctrina Robin Hood para continuar exigiendo más a los que más tienen, intentar proteger a los más vulnerables y ampliar las bases imponibles para asegurarse unos ingresos acordes con la salud de las finanzas públicas.

El anterior Ejecutivo no pudo llevar a cabo la reforma fiscal que PSOE y Unidas Podemos habían prometido al inicio de la legislatura. La crisis sanitaria del Covid-19 frenó de lleno cualquier intento y lo mismo sucedió años después tras el inicio de la guerra en Ucrania y la posterior escalada de los precios. Hacienda, que incluso había encargado a un comité de expertos la elaboración de un libro blanco para coger ideas y se había comprometido con Bruselas a poner en marcha los cambios, aparcó sine díe cualquier decisión.

Sin embargo, con el paso de los meses, el ministerio fue aplicando pequeñas dosis y comenzó a abonar el terreno píldora a píldora, a veces incluso de forma improvisada. El resultado fue un endurecimiento de la fiscalidad empresarial para los grandes grupos, un aumento impositivo a las rentas más altas y la puesta en marcha de gravámenes especiales (y en un principio temporales) destinados a las grandes fortunas y a los sectores financiero y energético. A la vez, Hacienda puso en marcha medidas de alivio para las rentas más bajas, como la ampliación a 21.000 euros de la reducción por rendimientos del trabajo. A priori, el espíritu de todas estas medidas será el que impregne la política fiscal del nuevo Gobierno.

“¿Cómo lo vamos a hacer?”, preguntó la semana pasada Sánchez en su discurso de investidura. “Combatiendo la economía sumergida, ampliando la progresividad del IRPF, ensanchando las bases imponibles, garantizando un mínimo del 15% en Sociedades… En definitiva, acabando con las vías de evasión fiscal de las grandes fortunas y multinacionales”. “Los ricos tienen que pagar más impuestos que lo que pagan ahora. Y mientras nosotros gobernemos los ricos van a pagar más que el resto”, añadió en una evidente declaración de intenciones.

En el impuesto sobre la renta (IRPF), la gran figura de impositiva de España, se pretende aumentar la progresividad. Y esto pone en el foco a las rentas ahorro y la brecha que existe entre sus tipos y los que se aplican a las rentas del trabajo. En septiembre de 2022, de hecho, el Gobierno de coalición presentó un paquete de medidas fiscales por el que aumentó ligeramente los tipos impositivos que se aplican en los tramos más elevados de las rentas del capital. Las superiores a los 200.000 euros pasaron del 26% al 27%. El tipo de las superiores a 300.000 euros, por su parte, se situó en el 28%. Por debajo, las tasas quedaron inalteradas y se mueven entre el 19% y el 23% en función del volumen de rendimientos. Todo apunta, según varios expertos y asesores fiscales consultados, a que las tasas seguirán incrementándose para las plusvalías mayores, pudiendo superarse incluso el 30%.

Aumentar la progresividad en el IRPF también podría llevar a la creación de nuevos tramos o tipos impositivos en la tarifa estatal, algo que viene reclamando Sumar. Actualmente, el impuesto cuenta con seis tramos y tipos que oscilan entre el 9,5% y el 24,5%. Sumándoles las tarifas autonómicas, los mínimos se mueven entre el 18% de Madrid y el 20% de Cataluña, mientras que los máximos están entre el 45% de la región central y el 54% de Comunidad Valenciana, siempre teniendo en cuenta únicamente a las 15 autonomías de régimen común.

Las decisiones que pueda tomar Hacienda, como ya sucedió en varias ocasiones durante la pasada legislatura, también estarán mediadas por los movimientos que lleven a cabo las comunidades gobernadas por el Partido Popular, lideradas por Madrid y sumidas en una política de rebajas fiscales generalizadas.

Pero los gobiernos regionales no son los únicos que van a determinar las decisiones en materia tributaria. El nuevo Ejecutivo también tendrá que lidiar con las diferentes sensibilidades parlamentarias que han investido a Sánchez y que tienen posiciones prácticamente antagónicas en aspectos como la tributación sobre la riqueza o los gravámenes especiales sobre banca y energéticas. Si el Gobierno central opta por convertir en permanentes los nuevos impuestos tendrá que hacerlo por la vía legislativa y para ello será necesario el apoyo de fuerzas como Bildu y ERC, pero también de PNV y Junts. El caso del gravamen especial a las energéticas y la reacción de los partidos vascos evidencia dos posturas contrarias que ilustran el complejo panorama al que se enfrenta Hacienda. Mientras que el PNV ha maniobrado para minorar los efectos del impuesto, Bildu ha presionado para convertirlo en estructural.

La oposición de las comunidades autónomas del PP, las diferentes sensibilidades de los socios de la coalición en materia fiscal y los malabares que tendrá que hacer Hacienda en busca del equilibrio marcarán, por ello, el futuro de la imposición sobre la renta, sobre las empresas y sobre la riqueza. Una eventual reforma tributaria, siguiendo los consejos de los expertos que redactaron el libro blanco, también podría modificar aspectos de la imposición sobre el consumo, de los impuestos especiales y de la fiscalidad medioambiental.

Otro de los frentes de batalla de Hacienda, que Sánchez se comprometió a abordar en su discurso de investidura, es la complicada reforma del sistema de financiación autonómica, un melón que ya era difícil de tratar por sí solo y que ha terminado de complicarse después de que el Gobierno haya confirmado que condonará 15.000 millones de deuda a Cataluña y otros tantos al resto de territorios.

El sistema de financiación es el modelo que nutre de recursos económicos a las autonomías. Este esquema funciona mediante los tramos estatales de los grandes impuestos y las aportaciones de las 15 comunidades de régimen común a una especie de bolsa conjunta que, después, redistribuye el dinero en función de unos criterios de población y necesidades. El sistema actual data de 2009 (en teoría se iba a haber reformado en 2014) y presenta una serie de desequilibrios territoriales que suponen una brecha de 700 euros por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas. El gran reto, más todavía en un contexto de enfrentamiento entre el Gobierno y la mayor parte de las autonomías, es remodelar el sistema para hacerlo lo más equitativo posible y, a la vez, lograr el consenso de los territorios.

En este apartado también se abordará la corresponsabilidad fiscal, según avanzó el propio presidente. El objetivo de Sánchez es evitar que las comunidades puedan rebajar o bonificar los impuestos estatales que ellas mismas gestionan (como el IRPF, Patrimonio o Sucesiones) mientras, en paralelo, piden más recursos a la Administración central. Antes de la irrupción de la guerra en Ucrania, en Hacienda ya se estudiaba la posibilidad de blindar todos estos tributos o establecer unos umbrales mínimos para evitar que las comunidades pudiesen eliminarlos en la práctica y competir mediante una carrera a la baja entre ellas.