El Gobierno eleva al 2,4% su previsión de PIB para 2023, pero recorta al 2% la del año que viene

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El Gobierno en funciones, como viene siendo habitual, apuró los plazos hasta el último momento y envió ayer a la Comisión Europea el Plan Presupuestario para el año 2024. El documento, que ha sido publicado a primera hora de este lunes, incluye la actualización de las previsiones del cuadro macroeconómico y la evolución de las finanzas públicas en un contexto de parón legislativo. Además, debido a la situación del Gobierno en funciones, presenta a Bruselas un escenario fiscal inercial, es decir, no incluye por el momento posibles medidas y prórrogas de política económica que pudieran aprobarse para 2024 tras la constitución del nuevo Ejecutivo.

El plan remitido al Ejecutivo comunitario mejora para 2023 la previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en tres décimas, hasta el 2,4%, y recorta en 0,4 puntos la del ejercicio próximo, hasta el 2%. El Gobierno en funciones achaca a los factores externos este cambio: “La evolución de la economía española en los próximos meses estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo”, apunta. “Las tensiones geopolíticas y los conflictos son, en este momento, el principal factor de riesgo para la economía por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica en Europa y a nivel mundial. Tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando lograr reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo”, concluye. Por todo ello, los ministerios de Hacienda y Economía confían en que el crecimiento económico de 2024 descanse principalmente sobre la demanda interna.

El Gobierno en funciones, sin embargo, sí se compromete a continuar la senda de estabilidad fiscal iniciada ya en 2022, rebajando tanto la ratio de déficit público como la de la deuda. De este modo, “se recoge el objetivo de reducir el déficit al 3% en 2024, lo que supone una disminución de más de 7 puntos porcentuales en cuatro años”. Esta promesa, que el Ejecutivo ya había hecho meses antes, se reitera a dos meses de que entren en vigor de nuevo las reglas fiscales comunitarias, congeladas desde la pandemia de Covid-19.

En paralelo, la deuda caerá hasta el 108,1% del PIB ya en 2023, adelantando en un año el objetivo de situarla por debajo del 110%. El próximo ejercicio continuará reduciéndose hasta el 106,3%, “lo que supondrá una reducción de 14 puntos respecto a su valor en 2020″.

Todo ello podrá producirse, argumenta el documento, gracias al mantenimiento sólido de los ingresos. En ese contexto, la estimación es que los ingresos del conjunto de las Administraciones Públicas representen un 42% del PIB, alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de contabilidad nacional. Se trata de un ligero incremento respecto al 41,9% del PIB de 2023.

En este punto, los ingresos alcanzarán los 382.755 millones de euros, lo que implica un incremento del 7,5% en comparación con 2023. Es una subida similar a la prevista este año (7,6%) y se debe “al buen comportamiento del IRPF por la mejora del empleo o por el aumento de las pensiones”. Pero también, añade Hacienda, a otras medidas adoptadas este año y que todavía tendrán un impacto positivo en 2024 como, por ejemplo, la subida de tipos a las rentas más altas superiores a 300.000 euros o en el impuesto sobre sociedades el impacto de la limitación de la compensación de pérdidas en grupos. Para el próximo año se estima un incremento de las cotizaciones sociales del 6,4% por el dinamismo del mercado laboral o el despliegue de la reforma de las pensiones.

En el apartado de los gastos, el plan contempla alcanzar los 694.268 millones en 2024, lo que supone el 45% del PIB y una reducción de ocho décimas respecto a 2023. Esta evolución del gasto, asegura el Gobierno, “es compatible” con la revalorización de las pensiones conforme al IPC y con el incremento del 2% para las retribuciones de todos los empleados públicos en 2024.

El anterior Plan Presupuestario, que se redactó con el Gobierno en plenas funciones, incluía dos posibles escenarios presupuestarios, supeditados a la evolución de la situación económica y a la posibilidad de prorrogar o poner en marcha medidas anticrisis. En esta ocasión, sin embargo, se contempla únicamente un escenario. “La elaboración del Plan Presupuestario está condicionada por la situación del Gobierno en funciones, que tiene limitada su capacidad normativa y por ello no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar otras iniciativas legislativas salvo casos de urgente necesidad debidamente justificados”, explica Hacienda.

Esta circunstancia conlleva que el plan se haya realizado en un escenario fiscal inercial, es decir, en ausencia de cambios o nuevas medidas. En cualquier caso, recalca el Gobierno en funciones, “esto no presupone que en el futuro no puedan adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año”.