Madrid lleva ahora a la Audiencia Nacional el impuesto a las grandes fortunas

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Una vez conocida la primera liquidación, la Comunidad de Madrid ha anunciado que amplía la batalla jurídica y, para ello, ha presentado nuevas acciones judiciales contra el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, impulsado por el Gobierno central, al considerar que “invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera”. Si hasta ahora había recurrido el tributo ante el Tribunal Constitucional, este nuevo flanco eleva la apuesta a la Audiencia Nacional.

Lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior a la reunión Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos y después de que Hacienda haya elevado a 623 millones, el 89% procedente de la propia Madrid, lo recaudado por este impuesto hasta el momento.

En esta ocasión, se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación. Esta es la segunda iniciativa que emprende el Ejecutivo madrileño contra este impuesto estatal que ya recurrió en marzo ante el Tribunal Constitucional.

“Consideramos que este impuesto invade las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, lesiona, además, de forma muy grave, la seguridad jurídica y viola el principio de lealtad institucional”, ha expuesto el ‘número dos’ del Gobierno regional.

Concretamente, ha detallado que se vulnera la Carta Magna en seis aspectos. Por un lado, desde el Ejecutivo madrileño apuntan a que “invaden competencias” porque creen que “se ha creado un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de Patrimonio que tienen las comunidades autónomas, quebrando ese principio de lealtad constitucional”, informa Ep.

Asimismo, inciden que con este impuesto se rompe “la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ya que afecta a la política fiscal de cada región” así como se viola el “principio de igualdad, porque no se trata por igual a los contribuyentes españoles”. Consideran que afecta, concretamente, a los madrileños y los andaluces.

Además, creen que se ha vulnerado “el procedimiento”. En este sentido, García Martín ha criticado que se aprobase “mediante un procedimiento que ha impedido que los diputados puedan presentar enmiendas, además de no contar con ninguna memoria económica ni dictamen de ningún tipo” así como se ha lesionado la “seguridad jurídica”, ya que se ha aprobado un impuesto “con efectos retroactivos”.

Por último, el titular de Presidencia ha denunciado la “falta de motivación”, ya que “el Gobierno de España con esa subida generalizada de los impuestos y también con esa subida de la inflación está en recaudaciones históricas”.

García ha sostenido que en Madrid seguirán “apostando por una fiscalidad equilibrada con impuestos bajos que ha demostrado ser eficaz para dinamizar la economía, mejorar la recaudación y con ello mejorar los servicios públicos”.

“En todo lo que podamos vamos a defender los intereses de todos los madrileños porque, en definitiva, detrás este impuesto hay un perjuicio para la región”, ha defendido.